Brasil bloquea los sitios de apuestas y casinos online tras la medida provisoria de Lula
Las plataformas de apuestas deportivas y los casinos online dejaron de funcionar en Brasil el martes 6 de octubre, diez días después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmara la Medida Provisoria n.° 1.394/26. Quien intenta entrar a esos sitios es redirigido a un portal del Gobierno con el mensaje «Acceso bloqueado», que atribuye el cierre a esa norma y fecha la prohibición desde el 25 de septiembre de 2026.
El bloqueo se coordinó con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) y las tiendas de aplicaciones. El plazo para retirar saldos de forma voluntaria venció el lunes 5 de octubre a las 23:59.
Qué muestra la pantalla de bloqueo en Brasil
La página oficial que reemplaza a los sitios de apuestas ofrece enlaces directos para pedir la devolución del dinero que quedó en las cuentas. También incluye un canal para denunciar páginas irregulares que sigan activas y accesos al sistema público de salud para quienes enfrentan problemas con el juego.
Hasta la tarde del 5 de octubre, el Gobierno informó un saldo remanente de 1.330 millones de reales, unos 266 millones de dólares, pendiente de rescate. La mayoría de esas cuentas guarda montos pequeños: cerca del 92 % tiene menos de 10 reales y más del 96 % no supera los 25 reales.
La publicidad corrió la misma suerte.
La medida provisoria prohibió desde su publicación cualquier contratación nueva de publicidad, patrocinio o promoción del sector, y fijó el 5 de octubre a las 23:59 como límite para retirar las piezas ya contratadas. Ese plazo alcanzó también a las marcas que aparecían por contratos de patrocinio. En el fútbol el efecto fue visible: imágenes difundidas por la televisión oficial de Flamengo mostraron a sus jugadores tapando con cinta negra las marcas de casas de apuestas en las camisetas durante un entrenamiento.
Cómo se devuelven los saldos no retirados
Para quienes no alcanzaron a retirar su dinero antes del cierre, el cronograma oficial divide la devolución en etapas. Entre el 7 y el 8 de octubre, las operadoras deben informar a los bancos el saldo de cada apostador, individualizado por CPF, junto con la cuenta bancaria desde la que se hicieron los depósitos.
Una nota del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública fijó esa misma etapa para el 6 y el 7 de octubre, por lo que las fuentes oficiales no coinciden en ese punto.
Con esa información, los bancos tienen entre el 9 y el 14 de octubre para acreditar los montos a los usuarios. Si existe algún impedimento técnico o administrativo, desde el 14 de octubre la Caixa Econômica Federal recibe los recursos y se encarga de la restitución. Las cauciones y garantías que las empresas entregaron al obtener su autorización pueden usarse para asegurar el reembolso y el pago de eventuales multas.
El Gobierno anunció además que avisará de los plazos por la casilla del portal gov.br y por WhatsApp a las personas con CPF registrado en casas de apuestas.
Congreso y Supremo decidirán el futuro de la norma
Una medida provisoria rige desde su publicación, pero el Congreso Nacional debe aprobarla dentro de 120 días para que siga vigente; si no la vota en ese plazo, pierde validez. Mientras ese trámite no concluya, la prohibición descansa en un acto del Ejecutivo y no en una ley votada por ambas cámaras.
El frente judicial ya se abrió. Flamengo pidió al Supremo Tribunal Federal una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la norma. Asociaciones vinculadas al juego responsable solicitaron que se suspenda hasta que el Congreso analice el texto o el tribunal resuelva el caso.
La norma también extingue las autorizaciones que la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda había otorgado bajo la Ley 14.790, sin derecho a indemnización ni a devolución de lo pagado. Según el Ministerio de Salud, se habían concedido 85 autorizaciones de 30 millones de reales cada una, que suman 2.550 millones de reales. Las sanciones por incumplimiento van desde la advertencia hasta multas de 2.000 millones de reales, además de la suspensión parcial o total de actividades para personas jurídicas.
En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que tipifica cinco delitos y modifica la Ley 13.756/2018. Explotar apuestas de cuota fija se castigaría con 4 a 6 años de reclusión y multa, aunque el operador cuente con autorización de una autoridad extranjera; la publicidad y la captación de apostadores tendrían penas de 2 a 4 años. Ese texto, a diferencia de la medida provisoria, solo produce efectos si el Congreso lo aprueba.
Según datos oficiales citados por EFE, el sector movió 220.600 millones de reales en 2025 y aportó cerca de 9.000 millones de reales en impuestos.
