Ministerio Público en Chile
El Ministerio Público es el organismo autónomo y jerarquizado que, según el artículo 83 de la Constitución y la Ley 19.640, dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito y ejerce la acción penal pública. También le corresponde proteger a víctimas y testigos, pero en ningún caso puede ejercer funciones jurisdiccionales, que quedan reservadas a los tribunales. Se organiza en una Fiscalía Nacional y en fiscalías regionales que trabajan a través de fiscalías locales, por eso la prensa lo llama simplemente «la Fiscalía».
Cómo llega el juego en línea a la Fiscalía
La Superintendencia de Casinos de Juego solo fiscaliza los juegos que se realizan dentro de casinos autorizados por ley, así que las denuncias sobre máquinas ilegales o apuestas en línea las deriva al Ministerio Público. Según la SCJ, operar juegos de azar sin autorización es un delito, y establecer si se cometió en un caso concreto corresponde al fiscal que investiga.
Por eso el término aparece en el sector cada vez que una querella apunta contra un operador.
La querella contra las plataformas de apuestas
La querella presentada en 2021 por Polla Chilena de Beneficencia y casinos presenciales contra plataformas de apuestas en línea quedó a cargo de la fiscal adjunta de Ñuñoa, Rossana Folli. Durante la indagatoria se ofició a Transbank y a otras empresas de pagos para conocer cómo llegaban los cobros a esas marcas. En octubre de 2023 la Fiscalía anunció que no perseveraría, y el 4 de abril de 2025 el 8.º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó cerrar la investigación.
No perseverar significa que la Fiscalía no reunió antecedentes para acusar, no que un tribunal declarara lícita la actividad.
Con qué se confunde el Ministerio Público
Pese al nombre, no es un ministerio del Poder Ejecutivo ni un regulador del juego. La SCJ fiscaliza administrativamente a los casinos autorizados, mientras que la ilicitud de las plataformas la han sostenido los tribunales: la Corte Suprema, en sentencia del 12 de septiembre de 2023 (Rol 152.138-2022), ordenó a un proveedor de internet impedir el acceso a ellas por tratarse de un servicio ilegal. El Boletín 14.838-03, en segundo trámite en el Senado, contempla intercambio de información entre la SCJ, otros servicios y el Ministerio Público, pero esas reglas solo regirán si se convierte en ley.
Quien lee una noticia del sector debería separar siempre al órgano que investiga del tribunal que resuelve.
